San José.- Costa Rica se encuentra en medio de un laberinto legal-moral que impediría aprobar la técnica de fecundación in vitro antes del 31 de mayo, plazo dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar un juicio internacional contra este país.
Dos proyectos de ley están Congreso, la oposición rotunda de católicos y evangélicos y la falta de impulso al tema por parte del Ejecutivo son algunos obstáculos que afronta Costa Rica, el único país de toda América donde este tratamiento médico está prohibido.
Costa Rica se encuentra en una incómoda posición desde septiembre pasado, cuando la CIDH advirtió de que viola los derechos humanos al mantener, desde hace 11 años, una prohibición a este procedimiento de fecundación asistida.
Si no acata la recomendación de la Comisión, la nación centroamericana se expone a un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede precisamente en San José.
Para evitar este escenario, el Gobierno de la presidenta Laura Chinchilla trabajó a toda máquina a finales de 2010 y envió al Congreso un proyecto de ley que abría la puerta a la fecundación in vitro, pero con la condición de que en el procedimiento no se puedan congelar óvulos fecundados.
El plan prevé que todos los óvulos deben ser implantados en el útero de la mujer que los creó, lo que difiere de la técnica que se aplica en el resto del mundo donde se fecundan múltiples óvulos y se implantan algunos mientras el resto se almacenan, pues a veces se requiere de varios ciclos para lograr un embarazo exitoso.
María Eugenia Venegas, diputada del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC) y ex presidenta de la comisión legislativa que estudió el proyecto, explicó a la agencia EFE que ese texto ya se encuentra listo para ser votado en plenaria, pero no cuenta con el respaldo de ninguna bancada pues es un proyecto “insuficiente” y “violatorio” de los derechos de las mujeres.
A la propuesta del Gobierno se oponen también grupos civiles y hasta la Defensoría de los Habitantes. Ante este panorama, un grupo de 18 diputados de cuatro bancadas presentó esta semana un nuevo proyecto de ley que, aseguran, cumple “todas las recomendaciones hechas al país por la CIDH”.
El nuevo texto permite el almacenamiento de óvulos fecundados pero sanciona su comercialización, experimentación y destrucción, y además establece la obligatoriedad de que la técnica sea brindada en los hospitales de la seguridad social costarricense.
Sin embargo, los católicos y evangélicos mantienen su posición oponiéndose a la fecundación in vitro, por lo que están ejerciendo mucha presión, es más Benedicto XVI, pidió en diciembre a Chinchilla, quien es una católica devota, que no legalice esta técnica médica pues, de acuerdo con la Iglesia católica, viola el derecho a la vida del no nacido.
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